REALIDAD DEL SISTEMA DE SALUD GUATEMALTECO

Por: Chelsea Gordon

A través de un comunicado en redes sociales el 8 de junio de 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) informó que los hospitales y sanatorios privados del país tienen autorización para ofrecer tratamiento a pacientes positivos COVID-19, siempre y cuando notifiquen los casos en sus instalaciones al Departamento de Epidemiología del MSPAS.

Esta noticia causó cierto revuelo ya que para los guatemaltecos, la autorización del Ministerio únicamente confirma que la situación en los hospitales nacionales no es la más adecuada, tal como lo ha mencionado el personal médico del Hospital Roosevelt y el del Hospital Temporal en el Parque de la Industria.

Hasta el sábado 13 de junio se registra un total de 9491 casos positivos en todo el territorio guatemalteco, siendo Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, San Marcos y Escuintla los departamentos más afectados. Lamentablemente el panorama en el área de salud no es del todo alentador para el país.

Foto: Chelsea Gordon, 2020

Que los centros médicos privados estén autorizados para atender a pacientes con coronavirus puede resultar beneficioso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos tienen la capacidad de hacerlo, ya sea por la falta de insumos o porque están diseñados para atender a un pequeño número de personas. El doctor Antonio Wohlers indicó que el Sanatorio Monte María donde él labora no cuenta con el equipo y material suficiente para cubrir estos casos. Estima que poseen alrededor de 100 mascarillas y 100 uniformes no descartables.

Foto: Antonio Wohlers

Para otras instituciones privadas como el Hospital La Asunción, el COVID-19 es una patología más que podría significar una desventaja ya que otras podrían ser desatendidas de acuerdo al volumen de pacientes que reciban.

También manifestaron que no existe igualdad de condiciones entre los centros hospitalarios porque el MSPAS únicamente ha realizado reuniones con hospitales considerados de “élite”.

Por medio de una entrevista el doctor Rodrigo Asencio del Hospital El Pilar, confirmó el dato anterior, diciendo que los “protocolos se están socializando entre los hospitales privados grandes para que sean uniformes”.

Por otro lado, el cardiólogo José Miguel Castellanos expresó que el Hospital Herrera Llerandi, donde presta sus servicios “está atendiendo pacientes COVID con protocolos bien establecidos casi desde el principio de la pandemia. Cabe resaltar que las autoridades no habían dado a conocer esta información.

Foto: Miguel Castellanos

Antes del 8 de junio la red hospitalaria no incluía, o no se suponía que debía incluir al sector privado. Según los reportes del Gobierno de Guatemala los hospitales que estaban atendiendo la emergencia y que se estaban adaptando a esta modalidad eran: Hospital San Juan de Dios, Hospital regional de Quetzaltenango, Hospital Roosevelt, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Hospital Temporal del Parque de la Industria, Hospital Nacional de Villa Nueva, entre otros.

En la Cadena Nacional del sábado 14 de junio el presidente Alejandro Giammattei indicó que estaba listo para operar el Hospital de Zacapa. Este cuenta con 128 camas, cámaras de seguridad para monitorear a los pacientes, área materno infantil, cuarto de choque, área de rayos X y ultrasonidos, laboratorio clínico, farmacia y 13 ventiladores de respiración mecánica.

El tema del nuevo coronavirus originado en Wuhan, China que inicialmente fue llamado 2019-nCoV por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es más complejo de lo que parece y por esa razón es importante prestar atención a la perspectiva de los expertos.

Foto: Chelsea Gordon

El doctor y cirujano Gustavo Monzón explicó que lo adecuado para Guatemala y para enfrentar la pandemia sería estudiar las medidas que han adoptado otros países e intentar entender el comportamiento del virus desde su origen en el continente asiático.

No obstante, Monzón opina que la enfermedad inició mucho antes en el país, incluso considera que él mismo fue víctima del virus a finales del 2019 y que la fecha exacta no es el 13 de marzo como informó el presidente Alejandro Giammattei en una conferencia durante una actividad en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA).

Foto: Gustavo Monzón

Gustavo y Antonio, expertos mencionados están de acuerdo con una idea específica y es la de las pruebas de COVID-19. Si bien nosocomios como El Pilar, el Hospital Esperanza, Herrera Llerandi y Centro Médico estaban autorizados para realizar hisopados gratuitos, no es suficiente. Los demás centros deben tener la potestad para realizarlas y mantener al tanto al Departamento de Epidemiología del MSPAS. Esto con el objetivo de obtener datos fidedignos e incrementar el número de pruebas por millón de habitantes.

En Guatemala deberían realizarse seis mil por cada millón de personas.

Foto: Chelsea Gordon

Aunque existan datos y teorías respecto a la mitigación del virus, cada persona debe poner en práctica las medidas sanitarias correspondientes como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

El cirujano general del Hospital San Juan de Dios y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos (USAC) Alfredo Samayoa Aldana, expone otra problemática que ha estado en el sistema de salud durante muchos años. Aunque disponen de recursos como “trajes de protección biológica, caretas y mascarillas” han sido adquiridos con los ingresos económicos de cada persona, lo cual evidencia los problemas estructurales de los organismos del Estado.

Foto: Alfredo Samayoa

La emergencia sanitaria únicamente evidenció las dificultades y la negligencia de las autoridades. El 23 de mayo el Ministerio Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) indicó que iban a realizar una adquisición de Equipo de Protección para el personal médico. Aproximadamente quince días después, cuando el Ejecutivo quiso fiscalizar las compras, la Viceministra administrativa de Salud Elizabeth Quiroa expuso dichos que los procesos habían sido cancelados.

Para la diputada de la Bancada Semilla Lucrecia Hernández Mack la cancelación puede significar dos cosas. La primera es el desconocimiento en la administración pública por parte de la viceministra Quiroa. Ya que se ha observado una mala o defectuosa elaboración de las bases en otras compras.

Otro ejemplo es la falta aprobación y ejecución las compras de Equipo de Protección Personal (EPP), de insumos médico quirúrgicos, y otros servicios tales como alimentación y extracción de desechos médicos hospitalarios.

La segunda razón se centra en problemas con los proveedores, muchas veces estos no cuentan con las licencias sanitarias correspondientes, no pueden ofrecer los medicamentos o insumos correspondientes o no logran llenar los requisitos de cantidad, calidad y tiempo de entrega.

Realizar procesos de fiscalización es una de las funciones principales del Organismo Legislativo. Gracias a ellas es posible promover mecanismos de transparencia, rendición de cuentas de los funcionarios, fortalecer la democracia y combatir las prácticas de corrupción.

Foto: Lucrecia Hernández Mack

Ante el Estado de Calamidad Pública decretado que limita el derecho a la libre locomoción y establece cordones sanitarios en zonas de riesgo, es necesario aumentar los esfuerzos de fiscalización por el tiempo que sea necesario para evitar compras irregulares que no correspondan a la emergencia.

En el Congreso se han aprobado varios créditos, tanto con la banca nacional como con organismos internacionales para activar programas que beneficien a trabajadores del comercio informal, a familias en condiciones de precariedad, micro, pequeñas y medianos empresarios y a adultos mayores. La fiscalización busca asegurar que estos recursos realmente lleguen a quienes los necesitan.

Foto: Chelsea Gordon

Así como es importante conocer la perspectiva de los especialistas, es fundamental entender que piensan los ciudadanos. Mediante una encuesta digital de Google Forms, anónima para que los participantes tuvieran la posibilidad de expresarse sin temor, se obtuvo una muestra de 74 personas. La mayor participación fue la del sector que posee entre 20 y 30 años de edad con un 73%.

Al cuestionarlos acerca de si confían en el Sistema de Salud del país, la respuesta fue que el 83.8% no confía y el 16.2% sí lo hace.

Gráfica: Chelsea Gordon

Uno de los comentarios fue: “No hay fiscalización en las acciones, necesitamos ver resultados verídicos no suposiciones por parte del Gobierno”.

Afortunadamente 52 personas contestaron que ningún familiar, amigo o conocido ha resultado positivo por COVID-19, mientras que 22 personas contestaron que sí conocían a alguien cercano con el virus.

Gráfica: Chelsea Gordon

La cuarta pregunta del cuestionario pretende identificar la planificación por parte de los guatemaltecos ante la emergencia sanitaria. La respuesta ante el cuestionamiento “¿Ha diseñado un plan o estrategia con su familia en caso que usted o algún integrante sea diagnosticado con COVID-19?” Arrojó los siguientes resultados:

Gráfica: Chelsea Gordon

45 personas indicaron que cuentan con una estrategia en caso de contagio y 29 personas indicaron que no.

La quinta interrogante tiene una fuerte respuesta, puesto que 69 personas de 74 manifestaron que preferirían sobrellevar la enfermedad en casa, el lugar de en un hospital público.

Gráfica: Chelsea Gordon

Uno de los encuestados expresó lo siguiente: “Se que están haciendo todo lo mejor para Guatemala, ya que mi padre es un trabajador del Hospital Roosevelt, admiro la labor y la dedicación por el salvar la vida de las personas”.

A pesar de ello, en la siguiente pregunta el 67.6% respondió que no tiene los recursos económicos para pagar un hospital privado.

Gráfica: Chelsea Gordon

En el caso de centros hospitalarios como el Herrera Llerandi, el médico mencionado Ascencio, manifestó que los precios dependerán de la gravedad y necesidad de tratamiento intensivo y/o soporte ventilatorio. También ofrecen facilidades de pago como Visacuotas en caso de no poder cubrir la cuenta total de egreso.

Otros nosocomios como La Asunción, ubicado en la zona 5 capitalina la cuenta puede ser cancelada en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Incluso uno de los ciudadanos compartió esta respuesta: “Es cierto que ningún gobierno estaba preparado ante una calamidad como esta, y que nuestras autoridades en el afán de salvaguardar la vida extremó precauciones (las cuales no desmerito) también es de indicar que las repercusiones que dichas acciones se vieron reflejadas en el aspecto económico. Si bien la vida siempre será prioridad sobre la economía, esta también va de la mano, ya que sin economía no se puede mantener un estilo de vida autosustentable”.

El sistema de salud guatemalteco posee fallas estructurales desde años atrás y en la actualidad aún se está trabajando con ellas para obtener resultados favorables.

Los diputados:

Karla Andrea Martínez Hernández, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Carolina Orellana Cruz de Unión del Cambio Nacional (UCN), María Eugenia Castellanos Pinelo De Pineda, Sergio David Arana Roca de Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), Rudy Wostbeli González Cardona, Herbert Salvador Figueroa Pérez de Partido Político Visión con Valores (VIVA) Emilio De Jesus Maldonado Trujillo de Partido Humanista de Guatemala (PHG)

Evelyn Oddeth Morataya Marroquín de Bienestar Nacional (BIEN), Felix Danilo Palencia Escobar, Darwin Alberto Lucas Paz, Victor Israel Guerra Velásquez, Aroldo José Ríos Gamarro de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Pedro Saloj Quisquiná de Unidad Revolucionaria Nacional (URNG-MAIZ), Lucrecia María Hernández Mack de Movimiento Semilla (SEMILLA), Esteban Ruben Barrios Galindo de Valor (VALOR) y Adán Pérez Y Pérez de Movimiento político WINAQ.

Quienes conforman la Comisión de Salud y Asistencia Social de el Congreso, el 10 de junio recomendaron la remoción del Ministro de Salud, Hugo Monroy.

La comisión realizó un estudio en los hospitales y en el sistema de salud público en general. La diputada Hernández Mack expuso que la Bancada Semilla específicamente dio seguimiento a cuatro procesos, que arrojaron los siguientes hallazgos:

Sobre la campaña de comunicación: ven con preocupación que la campaña implementada por el MSPAS no ha sido dirigida a toda la población guatemalteca y especialmente que priorice los temas de educación y prevención del COVID-19. La campaña implementada ha sido lenta en hacer llegar los mensajes a la población, y no se priorizo la traducción a todos los idiomas ni se han utilizado todos los canales de comunicación local y comunitaria.

Sobre la Protección al Personal de Salud: se realizaron dos encuestas para saber si el personal contaba con el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado según su nivel de exposición. “La información y datos recopilados evidenciaron que el personal no contaba con los insumos y el equipo necesario para protegerse del contagio del virus.”

Estás encuestas permitieron también conocer otros problemas por los cuales está atravesando el personal tales como: amenaza y represalia por parte de las autoridades; falta de protocolos y capacitación para el uso adecuado del EPP; falta de infraestructura adecuada para realizar el aseo correspondiente y espacios de descanso; aumento de carga de trabajo y rol de turnos; falta de atención integral, y falta de programas de atención a la salud mental; además de la reconocida falta de contratación y pagos.

Sobre las compras y abastecimiento: falta de liderazgo, voluntad y desconocimiento en la administración pública ya mencionado para dictaminar lineamientos estandarizados y que “las unidades ejecutoras puedan gestionar de forma eficiente y correcta su presupuesto y con ello garantizar un oportuno abastecimiento de equipo, insumos médico quirúrgico y reactivos de laboratorio para responder a la emergencia del COVID-19”.

Los niveles de ejecución de las diferentes unidades ejecutoras a la fecha son muy bajos. Asimismo hay resistencia por parte de las autoridades para rendir cuentas y mantener la transparencia en los procesos administrativos para ejecutar las compras.

Sobre las pruebas y laboratorios: la descentralización de laboratorios públicos y privados para expandir las pruebas para la detección de COVID-19, este es un proceso urgente e indispensable para poder hacer más pruebas, “sin embargo esto rebasa la voluntad de las autoridades del MSPAS, debido que la cantidad de pruebas que puede adquirir Guatemala son muy pocas y actualmente se encuentran concentradas en el Laboratorio Nacional de Salud; y en los Hospitales de referencia nacional Roosevelt y San Juan de Dios; y en el Instituto de Seguridad Social -IGSS-”.

Esto ha provocado el aumento en la presa de pruebas, por lo que la notificación de los resultados toma más días. Igualmente, es un problema de los proveedores por no poder cumplir con la cantidad y la entrega oportuna de todos los insumos y sustancias que requieren este tipo de pruebas para poder ser corridas de manera correcta.

La sugerencia de la comisión acerca del ministro se tomó a partir de los procesos de fiscalización constantes. Asimismo “se ha observado que el actual ministro de salud no cuenta con ningún plan de política de salud, ni planes para enfrentar la emergencia”.

Según las bancadas hay poca comprensión de los problemas que deben enfrentarse, y han identificado un comportamiento permanente de “lavarse las manos” y buscar excusas. El funcionario mantiene un patrón de resistencia y renuencia a la rendición de cuentas sobre su gestión, la cual ha sido altamente cuestionada en cuanto a las decisiones técnicas, administrativas y políticas.

Del mismo modo, carece de liderazgo en el sector salud, no posee la capacidad coordinar a otros actores del sistema y desafortunadamente no ha logrado integrar un equipo de trabajo. Hay ausencia de armonía en el equipo de su despacho ministerial, esto evidencia la falta de organización en la toma de decisiones para responder de forma oportuna, eficiente y funcional a la crisis.

Dentro de este contexto, hay inexistencia de una política pública integral, que no se enfoque únicamente en lo urgente que es la atención del COVID-19, sino que atienda lo prioritario y que no excluya el fortalecimiento de la red de servicios colectivos para atender otros padecimientos como enfermedad renal o pacientes con condiciones cardíacas.

Este es otro tema que ha surgido a partir de lo mencionado, el incumplimiento del Ministerio de Salud al no ofrecer los aportes económicos completos a las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) como la Unidad Nacional De Oncología Pediátrica (UNOP), Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (UNICAR) y la Unidad Nacional de Atención al enfermo renal crónico (UNAERC).

En definitiva, la decisión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) acerca de autorizar a los nosocomios privados para auxiliar a pacientes con el virus resulta beneficiosa para desahogar los servicios públicos y del servicio social.

Los problemas en el sistema público son evidentes, van desde la falta de insumos y Equipo de Protección Personal (EPP), pasando por la nula retribución económica al personal médico hasta la falta de transparencia en la información proporcionada por los funcionarios de el Estado y los ciudadanos están más que enterados de la situación.

Los últimos días han demostrado los estragos de la enfermedad y de un sistema pobre de salubridad. El 14 de junio el director del Hospital Roosevelt Marco Antonio Barrientos resultó positivo por COVID-19. El doctor se encuentra recibiendo la asistencia en el mismo centro y días antes del diagnóstico había enviado un mensaje aliento al personal.

Sin embargo, lo adecuado para que la nueva disposición se efectúe exitosamente, deberían establecerse directrices y protocolos que responsabilicen y exijan a los centros privados a notificar todos los casos sospechosos, positivos, negativos y los fallecidos con total claridad para mantener informada a la población. Asimismo, implementar lineamientos para regular los precios de los establecimientos privados para garantizar la atención a todas las personas que lo necesiten sin discriminación alguna.